Finalmente, según reunión mantenida ayer 9 de Julio entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con los principales representantes del sector vitivinícola español, se ha acordado la puesta en marcha de una norma de comercialización que ayude a la coordinación y estabilización del mercado del vino, y a tratar de aliviar la actual situación de sobrestock que padece gran parte de la industria. Tal acuerdo será plasmado próximamente en Real Decreto.
Esta medida supondrá la retirada definitiva de un máximo de 4 millones de hectólitros que se destinarían a la destilación para fines energéticos o industriales, y estará complementada por una serie de actuaciones encaminadas a regular la oferta y mejorar la organización del sector.
En el acuerdo, que se deriva de la aplicación del artículo 167 de la OCM Única, han tomado parte las organizaciones más representativas del sector, a excepción de UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos). El porqué de está decisión se justifica en la opinión plasmada por su Secretario General en Castilla-La Mancha Ramón Gómez, que cree que lo que se precisaba era una medida más “extraordinaria” como la destilación en crisis (lo que supondría contar con ayudas del Ministerio de Agricultura, algo que con el presenta acuerdo no se producirá).
Frente a esta posición, Alejandro García Gascó, responsable de vino de la COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) ha declarado que “no ha habido otra” que aceptar la propuesta por el Ministerio de destilación de vino sin ayudas.